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Las devoluciones en caliente
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Las devoluciones en caliente
La RIS, una organización no gubernamental e independiente formada por juristas especializados en Derecho internacional, afirma que "un año más, las autoridades españolas han perdido una oportunidad para cumplir con las deudas pendientes en materia de derechos y libertades civiles" y que España suspende en la asignatura de derechos humanos, entre otros motivos, poor su política de devoluciones en caliente, que fueron declaradas ilegales por el TEDH, el cual ha considerado que España ha incumplido el Convenio Europeo de DDHH al vulnerar la prohibición de realizar expulsiones sumarias.
El tribunal falló por unanimidad el pasado mes de octubre que la devolución en caliente de dos inmigrantes en 2014 fue ilegal. La sentencia señala que esta práctica vulnera el artículo 4 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que prohíbe la expulsión colectiva de extranjeros. Además, el fallo consideró que España vulneró el derecho a un recurso efectivo, ya que el 13 de agosto de 2014 N.D. y N.T. (de Mali y Costa de Marfil, respectivamente) fueron esposados y devueltos a Marruecos "sin ninguna medida administrativa o judicial previa", contra su voluntad y "sin que antes tuvieran acceso a intérpretes" ni a asistencia jurídica. Por ello, el tribunal condenó a España a indemnizar con 5.000 euros a cada uno de ellos.
El tribunal falló por unanimidad el pasado mes de octubre que la devolución en caliente de dos inmigrantes en 2014 fue ilegal. La sentencia señala que esta práctica vulnera el artículo 4 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que prohíbe la expulsión colectiva de extranjeros. Además, el fallo consideró que España vulneró el derecho a un recurso efectivo, ya que el 13 de agosto de 2014 N.D. y N.T. (de Mali y Costa de Marfil, respectivamente) fueron esposados y devueltos a Marruecos "sin ninguna medida administrativa o judicial previa", contra su voluntad y "sin que antes tuvieran acceso a intérpretes" ni a asistencia jurídica. Por ello, el tribunal condenó a España a indemnizar con 5.000 euros a cada uno de ellos.
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